Las preocupaciones en materia de seguridad (protección de personas y bienes contra intrusiones, robo, deterioro...) constituyen la más alta prioridad del público general.
Todos nos enfrentamos a situaciones nuevas frente a las que los poderes públicos representados por el Estado
no pueden responder de forma integral.
Existen medios nuevos, pero la especialización es escasa y limitada,y a menudo se utiliza de forma subsidiaria.
La seguridad es un oficio, y por tanto requiere profesionales.
La implantación de sistemas y métodos nuevos, las decisiones prácticas tomadas para responder a necesidades específicas y el objetivo de proteger los equipamientos públicos o privados exigen un análisis preciso de los requisitos, una determinación común de los objetivos en colaboración con las autoridades públicas y la definición
de una estrategia en el marco de un código ético específico para mejorar las condiciones de seguridad, sin renunciar
a las indispensables libertades públicas.